Privatización por contaminación. Cuando los grandes usuarios corporativos contaminan el recurso mediante su uso y abuso (por ejemplo industrias mineras, petroleras, papeleras, eléctricas y monocultivos agroindustriales intensivos en el uso de agrotóxicos), imposibilitan el que sectores menos pudientes puedan usarlo.

• Privatización por el embotellamiento de agua. Cuatro transnacionales controlan gran parte de este próspero negocio (Coca-Cola, Pepsico, Nestlé y Danone). Estas compañías y sus filiales obtienen agua mediante subsidios estatales asombrosamente generosos y favorables y la venden en botellas de plástico a mil o diez mil veces lo que les costó conseguirla.

• Monopolio de las tecnologías. Y encima de que las grandes industrias despilfarran y contaminan el agua que es de todos, también controlan las tecnologías para su extracción y purificación. "A través de control monopólico de mercados y patentes de tecnología, los destructores del recurso se presentan como los salvadores, a los cuales todos tenemos que pagar", expresó Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, una de las participantes del Taller en Defensa del Agua.

La ofensiva ideológica-publicitaria en pro de la privatización se fundamenta en tres premisas cuestionables:

• Crecimiento poblacional: "Cada vez hay más y más gente que debe tener acceso a recursos de agua cada vez más escasos y sobreexplotados, lo cual provoca tensiones y conflictos sociales." Este argumento tiende a simplificar crasamente la compleja problemática social en torno a los recursos naturales. Presume que no existen desigualdades económicas extremas, o que si existen no son de consecuencia alguna.

• Justo valor económico: "Se despilfarra el agua porque la gente la obtiene gratuitamente o a precios artificialmente bajos. Por lo tanto, si su precio reflejara su verdadero costo ecológico y económico, la gente evitaría su abuso y uso excesivo." Dicen los ejecutivos de empresas privatizadoras de agua que los precios que cobran son altos porque el agua es un negocio costoso y riesgoso y sus empresas deben manterse rentables para poder competir. Pero los precios altos que cobran estas firmas no están basados en racionalidad de mercado o criterios de sustentabilidad ecológica. Las compañías aparentemente independientes que operan acueductosmunicipales son casi todas subsidiarias de una media docena de empresas transnacionales que se coordinan entre sí y se dividen los mercados globales. El dinero que recaudan de sus abonados no se invierte en mantenimiento y expansión de redes existentes sino en sus planes de expansión global y en jugosos dividendos y salarios ejecutivos.

• El fracaso del Estado: “Como administrador del recurso, el Estado ha fracasado, no sólo a causa de su corrupción, incapacidad y falta de inversión en la infraestructura sino también mediante su promoción de una cultura paternalista de 'agua barata para todos', que ha resultado en despilfarro y sobreexplotación.” Sin embargo, en los países del Sur el aparente fracaso del Estado se debe a una multiplicidad de factores externos, incluyendo el peso de la incosteable deuda externa y las políticas de ajuste estructural impuestas por la banca multilateral que requieren que prácticamente se desmantele el estado.

"Las trasnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común, los campesinos y los servicios públicos por mal uso y administración", dice Ribeiro. "Por todo ello, es imprescindible construir nuestros propios mapas de la crisis y de los caminos para enfrentarla."

México, paradigma para la privatización

Más de 400 representantes de comunidades indígenas, organizaciones del movimiento urbano popular y obreros de la Comisión Nacional de Agua asistieron al Taller. Una de las conclusiones indiscutidas fue que México es la cabeza de puente de la ofensiva privatizadora regional. Mientras que en otros países latinoamericanos se han librado grandes luchas populares en defensa del agua y hasta obtenido algunas victorias –como en la ciudad boliviana de Cochabamba–, en México "la privatización del agua ocurre cotidianamente y cada vez en más puntos del país, mientras que la resistencia o las manifestaciones de rechazo de la misma se dan de manera dispersa y son percibidas en la mayor parte de los casos como problemáticas locales", según Karina Atayde y Thais Vega, investigadoras de CASIFOP.

En México se emplean sofisticados mecanismos y argumentos en pro de la propiedad privada del agua para ablandar y fragmentar la oposición y para dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y los verdaderos designios de los privatizadores. Las transnacionales del agua desean presentar a México como una vitrina para exhibir al mundo las virtudes de la privatización.

La tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983, cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la responsabilidad del suministro del agua.

Estos cambios legales parecerían de primera intención una movida en pro de una genuina descentralización y un control local y democrático sobre el recurso. Pero según CASIFOP, "al haber transferido la responsabilidad del suministro a las autoridades municipales, el gobierno federal no sólo entregó las redes de infraestructura, sino además le heredó todos los problemas de la gestión, acumulados durante décadas: fugas, redes obsoletas y en malas condiciones, administración corrupta e irregular, entre otros, en un contexto de urbanización desenfrenada."

En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual numerosos municipios concesionaron el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales como la francesa Vivendi, incluyendo Aguascalientes, Saltillo y la ciudad México.

En su intervención inicial en el Foro en Defensa del Agua, el profesor Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, describió la realidad del falso descentralismo de la política de agua del gobierno:

“La vía de la compartimentalización distingue los tres grandes tipos del uso del agua (urbano, rural e industrial), pulveriza la privatización de los usos urbanos mediante una estrategia de municipalización de los manejos, los contratos y los mercados de agua (...) Atomiza la privatización de los usos rurales al localizarlos sea en los diversos sistemas de riego o en las montañas y las selvas de México.

”El proceso de privatización del agua muestra entonces una variada estrategia de avance espacial: una estrategia atomizante de los ámbitos de conflicto y negociación del agua, según el cual el manejo del agua urbana queda en manos de los municipios mientras el agua rural queda en manos de los dispersos sistemas de riego que existen en el país. Ello permite a los grandes capitales transnacionales del agua poder negociar con entidades políticas de pequeña escala territorial.

”Como las empresas resultantes supuestamente son de pequeña escala municipal, la gente piensa que en sus municipios tratan con compañías locales de escala menor, sin darse cuenta de que en realidad son una de las mil caras de alguna gigantesca empresa transnacional de multiservicios, empresa que usa con habilidad envidiable la subcontratación, para debidamente desentenderse al momento en que empiecen los problemas sociales por la habitual entrega de malos servicios.”

La realidad de la privatización de servicios de agua en México

Los casos de las urbes de Cancún, Saltillo y Aguascalientes son ilustrativos. En la ciudad de Cancún, paraíso turístico en la costa caribeña, la primera compañía privada que administró el sistema de agua fue Azurix, una subsidiaria de la famosa y desgraciada compañía estadounidense Enron. Después de su aparatosa quiebra, llegó Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, que financió la compra con un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Según la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen, "las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe."

En Saltillo, en el estado de Coahuila, el sistema fue concesionado a una compañía propiedad del municipio y de la corporación española Aguas de Barcelona. Durante los dos primeros años de la concesión, las tarifas subieron de 32% a 68%, en contra de los términos acordados, que establecen que los aumentos no debían superar la inflación. Informa Public Citizen que los miembros de la junta directiva que trabajan para el municipio no han podido imponerse a las decisiones tomadas por los integrantes españoles del consejo.